Habiendo tomado conocimiento de cuanto implica mi inclusión en la lista de candidatos a jurado para el próximo bienio, después de estudiar con detenimiento la LEY ORGANICA 5/1995, DE 22 DE MAYO, DEL TRIBUNAL DEL JURADO, y constatado que la LEY ORGÁNICA 8/1995, DE 16 DE NOVIEMBRE, por la que se modifica la anterior, no produce cambios sustanciales en mis deberes con respecto a la institución del Jurado, me veo obligado a solicitar que se me excluya de la citada lista por los MOTIVOS DE CONCIENCIA que describo en el presente escrito.
No cabe discusión sobre el deber de todo ciudadano, en un estado de derecho, a su participación activa en todos los poderes que rigen a este, en la procura de su mejor funcionamiento para el bien común. Así, el testimonio o el peritaje en los procesos judiciales, la intervención en el debate previo a la redacción de las Leyes o la demanda, ante las instancias pertinentes, de cuantos medios precise la Administración de Justicia para su correcto desempeño, son ejemplos de formas en que el ciudadano contribuye a una Justicia acorde con el Estado en el que desea vivir. No obstante, existe un límite entre la participación y la obligación de asumir ciertas competencias que, como ciudadano, mi ética me obliga a rechazar en razón de mis carencias formativas y personales en materia jurídica, al incapacitarme estas para disponer sobre cuestiones tan serias como la inocencia o culpabilidad de un conciudadano respecto a cualquier delito, así como las correspondientes y no banales consecuencias de tal veredicto. Aún suponiéndome capaz de discernir objetivamente aquellos hechos suficientemente probados de los que no lo estén, mi conciencia limita la posibilidad de emitir veredicto sobre otra persona.
Sirva como apoyo a mis argumentos la comparación de los deberes cívicos con respecto a la administración de Justicia y otro deber, no memos importante, como es el deber de socorro. Tal y como nadie imaginaría extender tal deber hasta imponer la obligación arbitraria de que cualquier ciudadano, seleccionado por sorteo, debiese participar activamente en una intervención quirúrgica, o tan siquiera en una cura de urgencia dentro de un centro hospitalario, por muy asistida de facultativos profesionales que fuese la tarea, considero fuera de toda lógica obligarme a asumir responsabilidades que corresponden, por vocación, formación y experiencia a magistrados y demás juristas profesionales, y para las cuales carezco de preparación alguna.
Por tanto, siendo conocedor de los preceptos legales que me obligan según la LEY ORGANICA 5/1995, DE 22 DE MAYO, DEL TRIBUNAL DEL JURADO, solicito que se me excluya de la lista de candidatos a jurado en la que he sido incluido por sorteo, en tanto en cuanto mi conciencia podría impedirme participar con normalidad en la institución del Jurado, particularmente en lo referente a la emisión de veredicto, tal y como lo recogen los artículos 58 y 60 de la citada Ley.
Amparo esta solicitud en el ARTICULO 125 DE LA CONSTITUCION ESPAÑOLA, que dice textualmente: «Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la Ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.», redacción de la que se desprende, a mi juicio, el derecho a la participación en la institución, mas en ningún caso la obligatoriedad, tal y como pretende disponer la LEY ORGANICA 5/1995.
Rogándole que tenga a bien considerar estas razones y acepte lo que aquí se le solicita, le saluda atentamente,